Transparencia electoral

Estamos a no mucho tiempo de conocer quién será el ganador, tal vez de la rifa del tigre, de la contienda electoral mexicana y no son pocos los que auguran un gran fraude electoral. Hemos sido testigos de la manipulación mediática y de toda índole en diferentes circunstancias y escenarios, amén de que algunas de las contiendas electorales han sido vistas como una derrota del sistema que actualmente nos gobierna, pero todas esas maquinaciones tienen como objetivo real la desinformación y la muy clara intención de hacer de la democracia una mascarada y una derrota de la sociedad ante el gobierno y sus instituciones, incluído el juez electoral.

Empero, por si quedan dudas de la legitimidad de las elecciones celebradas apenas el año anterior, se pueden analizar someramente algunas de ellas.

Por un lado la elección del Estado de México dejó más dudas que certezas. La utilización de los programas sociales en pos de los votos, no solo los programas locales sino, también, los federales; las visitas constantes de los secretarios de estado a la entidad y las del mismo presidente pueden ser muestra de una elección de estado u orquestada desde el mismo gobierno para favorecer a un candidato. Peor resulta, pues, que se tenga que utilizar todo el peso del poder para ganar una elección porque los resultados del propio gobierno en curso no eran suficientes para garantizar una victoria. Por cierto que el partido en el gobierno de aquella entidad no ganó y tan solo lo separó de la derrota su alianza con otros partidos; a su vez fueron muchas las denuncias en las cuales se acusaba de cambios en los resultados preliminares con respecto a la votación emitida en cientos de casillas.

Por otro lado, queda la elección en Coahuila, que demostró ser otro fiasco más para la democracia en nuestro país. La compra del voto generalizada fue demostrada fehacientemente por todos los partidos de oposición que, en un hecho poco comentado, se unieron para exigir un nuevo conteo de votos y resolver el grave problema de las actas alteradas y otros vicios detectados durante el proceso electoral. Por desgracia nada más pasó, a su vez el poder judicial no solo no avaló las inconsistencias detectadas, tampoco hizo casi nada por llegar a la verdad acerca de las contradicciones vistas tanto en las sábanas como en el programa de resultados y en las propias actas.

Por supuesto que Veracruz es otro de los puntos a seguir. Si bien aquí la supuesta oposición ganó, la elección no estuvo libre de muchos vicios. Por principio de cuentas el gobernador saliente literalmente busco esfumarse mucho antes de terminar su mandato, llevando tras de sí uno de los más lamentables recuentos de daños de los que el país tenga memoria. Acusaciones de todo tipo e índole se han desatado contra el exgobernador y preocupa mucho que pareciera que él y solo él ha podido hacer un desvío (eufemismo gubernamental para decir robo) más que millonario. El problema electoral recae en que la elección de Veracruz a gobernador solo fue una transición para empatar las elecciones, al menos las de gobernador en el estado, con la elección federal, ahí está el detalle. El mini gobernador, por decirle de algún modo, quiere imponer a su hijo como candidato a la gubernatura real (la que si dura seis años), por eso aquello de la supuesta oposición electoral. Tampoco estuvo libre de anomalías aquella elección, a la cual por cierto como en el caso del Estado de México, no se unieron todos los partidos y en el cual también hubo graves inconsistencias entre los votos emitidos y los que parecían en el PREP estatal, constatado por cientas de fotografía ciudadanas que poco o nada interesan a las calificadoras de las elecciones.

En fin, todo pinta para estar plagado una vez más de terribles escándalos, compra masiva del voto y la utilización de los programas sociales para inducir a los votantes e incluso para amenazarlos. Pero en este caso lo peor es la alteración de las actas y las denominadas sábanas de resultados electorales. En los tres casos anteriores uno de los principales puntos de conflicto fue ese precisamente. Cientos de fotografías inundaron las redes sociales junto con el resultado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares de cada estado, mejor conocido como PREP, en las cuales se ve perfectamente que los resultados no coinciden. Lo grave del caso es que esos resultados son los denominados “oficiales”, los únicos que pueden ser tomados en cuenta para determinar al ganador de la contienda. Si estos resultados no son los mismos que se obtuvieron en cada casilla, estamos ante algo más que un fraude.

Cierto es que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) se lavan las manos y aluden a que los ciudadanos son los que cuentan los votos, pero si los votos expuestos en la casilla no se corresponden con los del PREP ¿dónde está el error?

Pues bien, a reserva de que es una mera especulación, el problema puede estar en un lugar y al que, por desgracia, casi nadie le presta atención, a saber, los capturistas. Ellos no son tal cual ciudadanos insaculados por el instituto para capturar los resultados electorales como en el caso de las casillas, son contratados ex profeso para realizar esa labor y eso es un punto débil, pues se pueden tener todas la casillas cubiertas con miles de simpatizantes y afiliados de los diversos partidos y aún así no tener certeza de quién ganó en realidad, pues los resultados de las casillas pueden variar significativamente de lo que presenta el PREP y, como ya se expresó, ese es el resultado oficial y el meollo del asunto.

Ahora bien, la ley general de transparencia dice que cualquier documento que sea generado o esté en poder de cualquier institución pública es, en esencia, propiedad de la nación, ergo, de los ciudadanos. Pues bien, debemos pasar de tener derechos individuales a regresar a los derechos sociales, los derechos colectivos. Una vez celebradas las elecciones y ante la sospecha de que los resultados vertidos en el PREP son distintos a los que se verifican con las actas de escrutinio y cómputo se debe pedir a las autoridades el conteo de todos los votos al amparo de la ley de transparencia. Ello para generar certeza y confianza al proceso electoral.

Recuperar la confianza en las instituciones, sobre todo las electorales no será difícil si algo así ocurriera.

No son pocas las ocasiones en las que se abre un determinado número de paquetes electorales y que deja poco o nada satisfechos a los participantes en la elección. Además de que éste debe ser un un derecho que puede ser ejercido por un conjunto de ciudadanos que podrían representar al resto de los inconformes, así como también al propio ganador pues le quitaría cualquier sombra de duda a su gestión, además del beneficio inmediato de que si hubo algún error o de plano un procedimiento descarado de alteración de resultados sería de conocimiento público inmediatamente después del proceso, asistiendo así a una verdadera democracia que en realidad debería repetir el proceso por estar viciado en uno de sus puntos. Por cierto es que si se detecta que efectivamente hubo algún hecho delictivo puede corregirse y atenderse como es debido y no solo dejado a la imaginación popular, algo así como una leyenda urbana de que tal o cual se robó la elección; por supuesto el que es declarado ganador no le importa estar en boca de todos para mal, le importa el puesto y ya. Claro es que parece que eso no importa, el chiste es ganar como sea y a costa de lo que sea y eso no es democracia es una mera transacción.

No se trata tampoco de reeditar un voto por voto y casilla por casilla, pero si de un ejercicio que abra y transparente una parte importante del ejercicio democrático como lo es el voto y de que ante la duda es mejor despejarla y asistir a una verdadera democracia donde el pueblo sabe la verdad y no hay margen de error.

@FilipoOcadiz

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