Público o privado, he ahí el dilema

En las últimas fechas se ha hablado mucho acerca del financiamiento público a los partidos. La exageración en la cantidad de dinero que les será otorgado para los comicios del año entrante raya en lo absurdo, sobre todo tomando en cuenta la situación del país. Para muchos pasa desapercibido el hecho de que el mayor gasto lo ejercerá el instituto que supuestamente debe organizar la elección. Y que solo se conoce el monto y no en qué o cómo se va a gastar.

No es de sorprender, pues, que para el grueso de la población sea un insulto lo que se gastará en el proceso y que mucho de ese dinero se destine a la compra de votos. No son pocos los que propugnan porque los partidos no sigan siendo financiados por el erario. Pero nadie hace la consideración de que los partidos en México pueden, de hecho reciben una enorme cantidad de recursos privados, que pocas veces es fiscalizado adecuadamente. Baste recordar la elección del Estado de México, donde se documentó una enorme cantidad de recursos provenientes del sector privado.

El problema radica en dos aspectos fundamentales. Primero, el organismo que debe cuidar los recursos que manejan los partidos, es político, le debe cada consejero a un partido el hecho de estar ahí. Segundo, la fiscalización de los recursos se hace de manera discrecional y no se rinden cuentas del porqué se le aplican o no multas a tal o cual partido.

En ese sentido, si el órgano que debe fiscalizar el uso de los recursos, que los topes de campaña no sean rebasados, que la contienda sea equitativa, que el conteo de votos sea transparente y veraz, que no quede sospecha alguna de que su labor fue apegada estrictamente a la ley y que en lugar de todo lo anterior cada vez genera más y más dudas, poco o nada se puede esperar acerca de que los dineros utilizados por cualquier partido son y serán lícitos.

No cabe duda de que se necesita un árbitro para dirimir los conflictos que generan las elecciones. Estamos más que acostumbrados a la compra del voto, es más, hay una industria dedicada a la compra del voto movida por la enorme desigualdad que persiste, cada día más profunda, en nuestra sociedad. Por eso el árbitro debe ser parejo. No andar inventando pisos parejos para todos menos para él y sus consentidos.

La única opción que nos queda es que los partidos dejen, en definitiva, el uso de recursos privados, más difíciles de fiscalizar. También, bajar el costo de la elección disminuyendo el tiempo de campañas y haciendo de nuevo al instituto un organismo ciudadano.

Los partidos deberán ocupar cada vez menos recursos y ser más creativos en hacer campañas más baratas. Utilizar la tecnología siempre que se pueda y, donde no sea una opción, hacer campaña de cara a cara. No sé, se me ocurren muchas opciones pero dependerá más de nosotros, los ciudadanos, que todo ello se lleve a cabo.

Por otra parte, el financiamiento de los partidos exclusivamente con dinero público, permitirá conocer exactamente cuánto y cómo se gastan los recursos. Además, no tendrán que hacer grandes promesas a los grupos que les apoyen. El dinero cuesta y cuesta mucho. Los contribuyentes tendremos, más que nunca, la capacidad de decirles a los partidos y sus gobiernos basta, somos nosotros quienes mandamos, no al revés, que los partidos y sus financiadores dirijan el rumbo de todas las cosas. Imaginemos, qué tendrían que prometer quienes llegaran a ocupar puestos políticos si el dinero solo fuese privado o peor, qué serían capaces de hacer con tal de seguir manteniendo privilegios para unos cuantos. Si eso ya sucede actualmente, no se necesita mucho para que todo, absolutamente todo se privatice. Ojalá no lleguemos a ello.

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