Protección de datos personales en los programas sociales

en

Como casi todo en las leyes mexicanas, mucho de lo que se regula tiene que ver con la desconfianza, de ahí aquella frase célebre de Tácito en la que hace referencia, si se le quitan los 20 siglos entre el sabio y el estado mexicano actual, a nuestras leyes y reglamentos en lo que al uso del dinero público se refiere y que reza: entre más leyes tiene un estado, más corrupto es. Una de esas leyes se refiere a los programas sociales.

El uso y abuso de los recursos públicos tiene como principal allegado los programas sociales que en muchos casos se convirtieron, mejor dicho, se pervirtieron en programas de compra y coacción del voto e incluso de institucionalización del acarreo profesional para eventos políticos.

En fin, la ley, entonces, dispone que todos los programas sociales deben incluir, en algún lugar, aunque no se menciona cuál, la lista de todos los beneficiarios de los programas, sobre todo aquellos que refieren la transferencia monetaria. Según la ley, si las listas de beneficiarios son públicas se evita el desvío de fondos o se limita la simulación de personas que, en realidad, no necesitan de ningún apoyo o de plano no existen.

Por principio de cuentas hay dos problemas fundamentales, uno de ellos es la protección de datos personales en las listas de personas que son beneficiarias de los programas sociales. Si lo que se requiere es que existan listas públicas de padrones de beneficiarios se requiere, a su vez, una protección a sus datos personales debido, claro está, a que son ciudadanos comunes que requieren ayuda del gobierno, por lo cual son personas que tienen un cierto grado de vulnerabilidad, se usa la palabra cierto porque más de la mitad de la población en nuestro país es pobre en algún grado y que gracias a las nuevas formas de medir la pobreza en México no sabemos a ciencia cierta cuál es ese grado en la realidad aunque si en el papel, y por lo cual son personas que requieren toda la protección que la ley y las autoridades les puedan brindar.

Ahora bien, la forma en la cual se ha tratado de proteger a las personas beneficiarias de los programas sociales es recortando los datos personales a publicar de los ciudadanos. Así, las listas de beneficiarios tienen el nombre del mismo y, en lugar de la dirección, la unidad territorial a la cual pertenecen, omitiendo cualquier otro dato. Pero ¿de qué manera eso impide el abuso en el uso de los programas sociales? En realidad, ni idea. Cualquier persona armada con una lista de beneficiarios puede darse a la tarea de buscar a cada uno de los beneficiarios de los mismos. Muchos de ellos viven, como debe ser lógico, en unidades territoriales de alta o muy alta marginación, lo que sucede en este tipo de lugares es que la mayoría de las personas se conocen muy bien unas y otras, por lo que bastaría con preguntar un par de veces por el sujeto en cuestión para dar con su paradero, lo que por supuesto implica que la mentada protección de los datos personales no es tal.

Por otro lado, el otro problema del que se hacía mención líneas arriba, es que una vez que se localiza al beneficiario, o beneficiaria para ser políticamente correcto, en la gran mayoría de los casos no va a decir si lo llevan a algún evento político, si coaccionan su voto, sobre todo con la vieja amenaza de perder el apoyo o si bien, simplemente recibe el dinero porque lo necesita. Presumiblemente las personas que se encuentren en los dos primeros casos dirán a cualquier entrevistador que necesitan el dinero y, a pregunta expresa, negarán categóricamente que su voto o que el asistir a un evento político nada tiene que ver con el dinero que reciben. Claro está, que ya están condicionados también en la respuesta por el temor a perder el dinero que tanta falta les hace.

Entonces, por un lado, se tiene que la gran mayoría de la población de este país requiere una ayuda del gobierno en forma de programas sociales y, por el otro, tenemos una clase política dispuesta a utilizar estos programas para los más diversos fines, menos para aquel por el cual fueron creados. Aquí debemos dejar de lado aquellos programas que es más caro anunciarlos de lo que en realidad disponen para ayudar a la población, como el caso de sin hambre. ¿Qué hacer, entonces, para que aquella ecuación tan solícita en tiempos electorales de un voto es igual a un pobre más el agravante de proteger los datos personales de los ciudadanos que requieren ayudas asistenciales no terminen en manos de personas sin escrúpulos?

Por principio de cuentas la universalización de los programas sociales. Aunque claro está, si toda la población decide que el programa social es de su entera satisfacción no habría dinero que alcance, así sea que se le den cien pesos a cada mexicano, algo así como el ingreso universal propuesto por alguno de los candidatos a la presidencia de la república y que terminó en un vano esfuerzo de tratar de comprar votos. La otra solución es universalizar el programa social por sectores. Más o menos es tratar de conjugar lo mejor de ambos mundos. Se trata de universalizar a todo un sector específico de población. El ejemplo más claro es la pensión universal para adultos mayores del otrora Distrito Federal que se instauró hace 17 años.

Aquel programa, como todos los demás, debe publicar las listas de todos los beneficiarios, empero, aquí como propuesta, se podría en determinado caso quitar la unidad territorial de la base de datos pública del programa, pues al ser para todos los miembros del sector dado, con el simple hecho de demostrar que se pertenece a ese sector debería ser suficiente para recibir la ayuda. Al ser universal se quitan dos problemas, el primero es el uso del programa para fines distintos al cual fue creado y por el otro a la necesidad de publicar datos, e incluso de eliminarlo por completo.

Por supuesto que cada problema tiene una solución. Lo que en la actual Ciudad de México se hace para poder utilizar políticamente un programa universal es llamar a todo el padrón para hacerles una muy cordial invitación a cualquier evento, nomás para que no se vea vacío o, por desgracia, atrasar lo más posible la entrega de la transferencia monetaria y estimular, como eufemismo, a todos los próximos beneficiarios a acudir a cualquier evento, lo cual será tomado en cuenta para entregar la ayuda lo más rápido posible o a pensar el sentido de su voto porque si no gana el candidato x o z quién sabe de lo que sea capaz el sucesor.

Queda un amplio camino por recorrer en cuanto a la protección de datos personales y los programas sociales. La desconfianza en el uso de los programas está plenamente justificada y a cada acción corresponderá una reacción virulenta, explosiva y opuesta de aquellos que verán afectados sus intereses. Más allá de estas reacciones se deberá velar por el cuidado, en todos los aspectos, de los ciudadanos que al final de cuentas son los que deben ser protegidos por las leyes.

@FilipoOcadiz

Deja un comentario