Datos personales y Transparencia en la Ley de Seguridad Interior

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Muchos son los llamados y las voces, tanto internacionales como nacionales, alertando sobre la Ley de Seguridad Interior y los problemas que conlleva su aprobación. Desde que es una ley golpista que le da mucho poder a las fuerzas armadas, hasta que es una ley que solo sirve para cuidar a aquellos que hoy se dedican a depredar cada centímetro del territorio nacional. Parece ser que a ninguno de esos argumentos les falta razón. Sin embargo, para seguir aumentando las rayas al tigre, existen otros problemas aparejados a la hoy funesta ley; por un lado, la transparencia y por el otro, la protección de datos personales.

Todas las leyes de acceso a la información en el mundo tienen excepciones en cuanto a los documentos que se pueden poner a disposición del público. De otra forma, no toda la información en manos de los sujetos obligados puede ser susceptible de ser pública. En este sentido hay obviedades en cuanto a la información que no es pública. Un ejemplo claro serían los planos de una prisión de máxima seguridad. No se ve por ningún lado que un ciudadano necesite esa información, pues propiciaría una forma de escapatoria de los reos. Claro que los reos se siguen fugando y por la puerta, pero ese no es el asunto; lo importante aquí es el tipo de información que puede ser conocida por los ciudadanos. Un exceso de excepciones puede traer consigo una ley de acceso a la información que no sea tal, que oculte o termine por ocultar del todo la información generada por el gobierno; a su vez un exceso de transparencia puede acarrear problemas a ciertos grupos o personas, como en algún caso donde se dio toda la información acerca de personas con VIH y que terminaron siendo discriminadas, pues, ni todo el amor ni todo el dinero, encontrar el justo medio en cuanto a la información pública es uno de los retos de las leyes de acceso a la información.

Entre las excepciones que contienen todas, otra vez, las leyes de acceso a la información en el mundo está la de seguridad nacional. Frase inventada durante la guerra fría por los Estados Unidos, mejor conocida como homeland y que hasta el día de hoy no tiene una definición correcta en el resto del planeta, ni por sus propios creadores, casi cualquier cosa cabe en esa definición y casi cualquier cosa puede ser considerada como seguridad nacional. En México se tiene una definición de seguridad nacional que tiene que ver con las “decisiones políticas fundamentales, esto es, como determinaciones sobre la existencia y la forma de ser del Estado, adoptadas por el Poder Constituyente” (www.cisen.gob.mx/docs/ConceptoJuridico.docx), es decir, todo aquello que afecte al estado, entendido desde el punto de vista clásico como gobierno, territorio y población, pero que tiende a desestabilizar al gobierno y a sus instituciones. Aquí cabe la pregunta ¿cuál es el componente más importante para la supervivencia del estado?

Ahora bien, la ley de seguridad interior trata como reservada toda la información recabada y transformada en aras de la seguridad interior. Eso no quiere decir otra cosa que los documentos que se encuentren en manos de los militares a la hora de que se emita, o no, una declaratoria de protección a la seguridad interior no se puede, ni se podrá, conocer ninguno de los documentos que hayan generado la declaratoria, tampoco los que se generen durante o después de la misma. Puede no ser un retroceso, pues es una de las excepciones previstas en la ley, pero puede ser un paso para que otros documentos sean considerados como de seguridad nacional e impedir su conocimiento público.

Por otra parte, también los datos personales en manos de la milicia serán considerados información reservada. Bien, de hecho, todos los datos personales en posesión de los sujetos obligados se consideran como información confidencial y solo puede acceder a ella el titular de los datos, es decir, la persona a quien le pertenece esa información y que con su consentimiento otorgó a una instancia de gobierno. Pero, dentro de la ley de seguridad interior esa información no tiene el carácter de confidencial, más bien se considera reservada y, por tanto y contraviniendo al artículo 16 de nuestra constitución, no se puede hacer uso de los derechos conferidos en la misma. Es decir, no se pueden ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

Para hacer más preocupantes las inquietudes derivadas de esa ley habrá que revisar algunos artículos referentes a lo aquí expuesto.

El artículo 6, por ejemplo, habla de que, en el ámbito de sus competencias, las fuerzas armadas podrán poner en marcha cualquier política, programas y acciones para prevenir todo tipo de conducta que afecte a la seguridad nacional, todo ello sin que exista la declaratoria. Entonces, si una de esas acciones deriva en recabar sin consentimiento una miríada de datos personales de los ciudadanos, cualquiera que esta sea, nadie podrá acceder a esa información. No podremos, así como está redactada la ley ni debemos, conocer qué hicieron los militares para desactivar cualquier cosa que se haya detectado como amenaza a la seguridad interior, si hubo pájaros en el alambre, como se dice coloquialmente, o si detuvieron a alguien y con torturas o cualquier otro método conocieron información. Nada de esto saldrá a la luz jamás.

El artículo 30 de la multicitada ley, habla de que las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior, que no es otra cosa que espiar a los ciudadanos, por supuesto, si seguimos la ley al pie de la letra, en México nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, por lo que de tener al sospecha de que alguna persona o grupo cometen actos ilícitos, deben venir acompañados de la orden de un juez, quien debido a la información presentada por quienes quieren investigar podrá o no otorgar la orden para espiar. Eso no solo queda de lado, sino que se instruye a las fuerzas armadas a hacerlo sin consentimiento de un juez y mucho menos del ciudadano afectado. Lo cual vulnera el artículo 6 constitucional y viola la privacidad de las personas que, de nueva cuenta, no sabrán ni podrán saber si son espiados o no por la milicia.

Como se sabe, la falta de transparencia y rendición de cuentas han dejado un país desfalcado, corrupto y por demás impune. Si a ello le agregamos que debido a una ley no podemos saber absolutamente nada de lo que de ella derive, nos pone en estado de indefensión contra nuestro propio gobierno, que según dicen, está para proteger a los ciudadanos y no a ellos mismos o vaya a saber a quién.

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  1. Eugenio Franco dice:

    Gracias Filipo por compartir estas reflexiones que abonan a las múltiples razones pr las que esta Ley no debió se aprobada. México es un País sin estado de Derecho, es un Estado Fallido, que tiene como última esperanza un cambio verdadero. Solo espero que, para tal efecto, de algo sirvan gentes como Mayer, Corrodi, Romo, Polevsky, Esteban, Barbosa, Cuauhtemoc Blanco, Lilly Tellez, Villalobos, etc…

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